MEDIOS DE INFORMACIÓN

Es más que evidente que el gobierno, el kirchnerismo, busca crear su propio grupo de medios de información, ya tiene una veintena de radios y cuatro canales de cable, un canal de aire y tres o cuatro diarios. Pero supongamos que en realidad la lucha que da el gobierno contra el Grupo Clarín es una lucha, no son por los medios y la ganancia del mercado de la información (esencial para cualquier proyecto político burgués), sino realmente se trata de una lucha contra el monopólio de la información por algunos empresarios. Pero es difícil suponer que los kirchneristas crean que esa ley que aprobaron sirva para combatir la monopolización de los grupos empresarios sobre la información. ¿Qué ley le puede impedir al Grupo Clarín despedir a un directivo y darle 30 o 50 millones de dólares para que cree su propio multimedio? Y al mismo tiempo ¿qué ley le puede impedir al Grupo Clarín brindarle, a muy bajo costo, soporte técnico a ese nuevo grupo? Ninguna ley, porque nadie les puede decir nada a los empresarios -ni a cualquier persona- si quieren “regalar” dinero a alguien o no, o a cuánto debe venderles el soporte técnico, del cual el Grupo Clarín es el más conocedor en el rubro. De esa forma el Grupo Clarín estará obligado por ley a no superar un 25 o 30 por ciento del mercado de la información, pero puede crear varias empresas jurídicamente independientes y en menos de diez años dominar un 10 o un 15 por ciento más.

Todo esto lo saben los dirigentes políticos peronistas-kirchneristas, pero esa pelea con el Grupo Clarín y los jueces, les da tiempo al gobierno, justificación y popularidad, para seguir usando de forma arbitraria la pauta publicitaria del Estado, cediéndoles así cientos de millones de pesos a sus empresarios amigos de la comunicación. Y en vano esperemos encontrar en estos medios afines al gobierno, como en Canal 7, informaciones favorables a los trabajadores del Casino, Massuh, Krafk, Paraná Metal, de los docentes, estatales y mucho menos de la explotación en las empresas tercerizadas del ferrocarril.

Esto demuestra que la nueva ley de medios impulsada por el gobierno no sirve, ni para que se escuchen todas las voces y las verdades favorables a la clase trabajadora, ni para enfrentar la monopolización de los medios de información por los grupos empresarios. Porque en realidad es la propiedad privada, todas las leyes que la defienden y resguardan, la que hay que suprimir para eso, socializando todos los medios poniéndolos bajo el control de sus trabajadores y la sociedad. Nunca la oposición burguesa del PJ disidente, la UCR o el ARI, que representan a sectores patronales, va a decir esto, preferirán, como incluso el “izquierdista” Pino Solanas, estar al amparo del Grupo Clarín o La Nación.